La violencia contra la mujer no es sólo un problema que afecte a mujeres pobres o del tercer mundo. Todos los grupos raciales, independientemente de su condición económica están inmersos en este problema.

La forma más explícita es la violencia física, pero la violencia doméstica reviste otras múltiples formas, como agresión verbal, restricción de la libertad y conductas que llevan a la disminución o anulación de la autoestima. Pocos son los países que han llevado a cabo estudios para analizar la verdadera dimensión de este problema. Por ejemplo, en España, la Comunidad de Madrid encabeza la negra lista de muertes por violencia doméstica y es la segunda región en donde más se denuncia, precedida de Andalucía. El número de fallecimientos registrados en España por esta causa asciende a 39 personas -34 mujeres y 5 hombres- según un informe del Instituto de la Mujer.

El goteo de las muertes por violencia doméstica parece no tener fin. Recientemente se ha conocido el último caso registrado en la Comunidad de Madrid, con lo que la cifra de fallecidas por esta causa se eleva a 16 en lo que va de año, según datos del Foro Regional contra la Violencia Doméstica. Esta cifra supone un importante crecimiento respecto al año anterior.

No obstante, hay que resaltar que las estadísticas nunca concuerdan y mientras el Consejo de la Mujer se hace eco de los datos del Foro Regional, que en 1999 registró siete asesinatos –seis mujeres y un niño-, fuentes oficiales hablaban de cuatro.

El Movimiento contra la Intolerancia también defiende que el número de muertes es mayor. Según Esteban Ibarra, presidente de este Movimiento, "se están manejando cifras más bajas de las que en realidad son. Por lo que dicen las organizaciones de mujeres son muy superiores y mi pregunta es ¿está siendo eficaz el Plan de Prevención de la Violencia? ¿Está sirviendo? Da la impresión de que no se está actuando a fondo, que se está fallando institucionalmente. La cultura de la violencia sigue ahí, no la estamos erradicando".

Todos los años se producen muertes en España por este motivo. La lista es larga: 65 muertes en 1995; el año siguiente fue el peor, con 97 fallecimientos y en 1997 y 1998 se registraron 91 y 35 muertes respectivamente. El año pasado se contabilizaron 42 fallecimientos, excluyendo al País Vasco y Gerona, donde no se disponen de datos oficiales. Fuera del país, los porcentajes continúan siendo aterradores. Según un informe especial del Banco Interamericano de Desarrollo, en Chile, el 60 por ciento de las mujeres que vive en pareja sufre algún tipo de violencia doméstica y más del 10 por ciento, agresión grave. En Colombia, más del 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de abuso físico y el 34 por ciento padecen abusos psicológicos. Otros datos abrumadores se encuentran en Ecuador, donde el 60 por ciento de las mujeres residentes en barrios pobres de Quito han sido golpeadas por su pareja; en Méjico, 70 de cada 100 mujeres aseguraron sufrir violencia por parte de su pareja y en Argentina, en una de cada cinco parejas hay violencia. En este país, en el 42 por ciento de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37 por ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de este tipo.

Según Esteban Ibarra, lo realmente preocupante son los últimos datos del Instituto de la Juventud, ya que de su última encuesta se desprende que "al 50 por ciento de los jóvenes les parece lógico resolver los conflictos con el uso de la violencia, por tanto, cuando sean adultos tendrán asumido este tipo de planteamiento, tengan las consecuencias que tengan. Lo fundamental es trabajar en la escuela para prevenir las conductas violentas y, por el momento, no se está haciendo".

En Madrid, los malos tratos representan estadísticamente una media de entre ocho y nueve denuncias al día, según datos de la Dirección General de la Mujer. Hasta 1997 la tendencia se mantuvo estable, con una media de unos 3.000 anuales. A partir de esa fecha, comienza a producirse un aumento significativo que culmina con las 17.068 denuncias presentadas en España durante los ocho primeros meses de este año, una cifra que no incluye datos del País Vasco, Girona y Lleida, ya que el Ministerio del Interior no dispone de estadísticas completas de estas zonas. Del total de denuncias, 12.312 han sido consideradas faltas y 4.756 delitos. "Y muchas más que no se han denunciado –añade Ibarra- porque para denunciar la situación debe llegar a un extremo muy grave y no se denuncia por miedo. Los datos oficiales son simplemente la punta del icerberg". Además, internacionalmente se calcula que sólo se denuncian el 10 por ciento de los casos.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia apuesta por aumentar los recursos sociales para ofrecer una mayor y mejor atención al colectivo femenino. Aún así incide en fomentar "la educación contra la violencia en todos los ámbitos, no sólo la escuela, sino en los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión debería tener un papel educativo, neutralizador y preventivo muy importante".

Además de la educación, para Esteban Ibarra también es fundamental tomar otra serie de medidas. "Hay que facilitar información, orientación y apoyo, para que cuando una mujer se encuentre en una situación de violencia sepa a quien dirigirse, que sepa que puede acudir a una asistente social o a gente especializada que pueda ayudarla. También tendría que haber centros de apoyo necesarios por si tiene que irse de su casa, lo haga con ciertas garantías". Ibarra también aboga por una justicia más rápida, "que evite situaciones contradictorias, en las que a veces se sanciona al maltratador pero se le permite volver a casa, con lo que la actuación de éste es mucho más grave".

La Dirección General de la Mujer dispone en Madrid de una casa-refugio de 54 plazas y otra concertada con 70 plazas. Por otra parte, también existen 6 pisos tutelados y 3 centros de emergencias.

Para Movimiento contra la Intolerancia están fallando tanto la justicia como los partidos políticos, porque "no se desarrollan planes eficaces para combatir esta lacra. Hay que elaborar programas y buscar recursos para esos centros de apoyo. Habría que modificar la legislación, porque las medidas que hay en la actualidad no son de todo contundentes para el maltratador. Parece que es un problema específico de las mujeres y no, es un problema de todos".

En definitiva, la base está en aplicar la ley, educar y prevenir. Y sobre todo, encontrar las soluciones para que la víctima de la violencia no se encuentre desamparada. "La legislación debería orientarse hacia esta perspectiva. Finalmente habría que dar mucho más apoyo social y psíquico a la víctima. Es la gran olvidada en este problema".